CAL aceptó tramitar juicio político contra miembros del Consejo de la Judicatura

05/08/2018

 

En el Palacio Legislativo se aprobó el trámite de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura encabezados por su presidente, Gustavo Jalkh.

 

Hubo 4 votos a favor de que el tema pase a ser sustanciado por la Comisión de Fiscalización y dos en contra.

La decisión estuvo en manos del Consejo de Administración de la Legislatura, que desde las 17:30 se reunió para analizar el pedido realizado por los legisladores opositores Esteban Bernal y Raúl Tello,quienes acusan a Jalkh de incumplir funciones.

 

El socialcristiano Luis Fernando Torres y Patricio Donoso, de CREO, consideran que hay motivos suficientes para dar paso al enjuiciamiento político.

 

El año pasado este mismo organismo lo desechó con el argumento de que no se había cumplido con el anuncio de la totalidad de la prueba.

 

Pero la correísta Soledad Buendía, quien también integra el CAL, defiende el trabajo realizado por Jalkh. “Lo que puedo señalar es que los procesos en los cuales la transformación judicial en el Ecuador se ha dado han sido ponderados y felicitados a nivel internacional, nuestros índices han mejorado de manera sustancial y organismos internacionales así lo han señalado”, dijo.

 

La solicitud cuenta con 60 firmas de apoyo y provienen, en su mayoría, del PSC, CREO, SUMA, BIN. A ellas se sumaron las de cuatro legisladores de Alianza PAIS: Jorge Yunda, Alberto Zambrano, Yofre Poma y Marcia Arregui.

 

“Yo siempre he dicho que un juicio político es una oportunidad para que, en este caso, el funcionario público pueda hacer uso de su legítimo derecho a la defensa y también quienes dicen que no ha cumplido con sus funciones también puedan presentar esas pruebas de cargo y de descargo y esperamos que se de ese juicio político”, dijo Yunda.

 

Entre las pruebas consta el acto urgente emitido en su momento por la Unidad de Investigaciones Previas de la Fiscalía en contra de Jalkh para investigaciones por tráfico de influencias, a raíz de la divulgación de supuestos correos del funcionario y Correa.

 

Además del informe de Contraloría que determinó que hubo irregularidades en los concursos públicos de oposición y méritos para el nombramiento de fiscales y jueces, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de julio de 2015.

 

Fuente: La Hora

 

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